En Uruguay, las mujeres autoras reconocidas en fuentes bibliográficas y registros oficiales representan alrededor del 20% del total de autores nacionales de todas las épocas. Por otra parte, la presencia de mujeres en los directorios de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor es irrisoria, así como la participación en los órganos de decisión de las principales empresas y cámaras discográficas, editoriales y audiovisuales.
En contraste, las encuestas de consumos culturales muestran que las mujeres consumen tanta cultura como los hombres, y en algunas áreas, como en la lectura y en la asistencia a bibliotecas, los superan marcadamente.
Además, las mujeres representan la mayoría (el 64%) del estudiantado universitario, una población especialmente volcada al consumo de conocimiento. El acceso a los materiales de estudio es uno de los principales desafíos de la población estudiantil, dado el alto costo de los textos y la consecuente necesidad de acceder a través de medios informales, como las fotocopias y el intercambio de archivos, infringiendo la ley de derecho de autor.
Como si fuera poco, el trabajo docente y el trabajo en las bibliotecas, donde predominan abrumadoramente las mujeres, son dos de las profesiones más afectadas por las restricciones establecidas en la ley de derecho de autor. Al crear y reutilizar materiales educativos, y al brindar acceso a obras culturales, estas mujeres infringen cotidianamente la ley.
En suma, en el sistema cultural actual los roles dedicados a la producción de conocimiento (científicos, académicos y artistas: en suma, los «autores») son ocupados por hombres, mientras que los roles donde prevalece el consumo y la facilitación del acceso (estudiantes, maestras, profesoras, bibliotecarias: en suma, las «piratas») son ejercidos por mujeres. Si bien esta realidad muestra en primer plano la necesidad de igualar las oportunidades para que las mujeres sean reconocidas en el rol de productoras de conocimiento, por debajo de este problema obvio hay otro un poco menos evidente pero igualmente preocupante. La ley de derecho de autor es una ley hecha por hombres, aplicada por hombres, para beneficiar a hombres. Por eso no es asombroso que, una vez cristalizada la diferencia entre los hombres como productores y empresarios del conocimiento y las mujeres como facilitadoras y consumidoras, toda la fuerza de la ley esté ocupada en favorecer los derechos de los primeros y en desvalorizar e incluso criminalizar las prácticas de las últimas.
Se entiende, por todo lo anterior, que en Uruguay los grupos de presión que buscan endurecer el derecho de autor estén formados casi exclusivamente por hombres blancos de 50 a 70 años con una cultura machista miserable, mientras que el activismo por la cultura libre tenga una presencia alta de mujeres y de gente joven.
Por supuesto, dentro del activismo por la cultura libre también se reproduce la desigualdad de género. Esta desigualdad está presente en las dinámicas internas de los colectivos (la disponibilidad de tiempo, los roles diferenciados) y se muestra de manera clara en la diferencia entre la alta proporción de militantes mujeres y la baja proporción de aquellas que son reconocidas como figuras destacadas del movimiento.
De todas maneras, mi hipótesis es que las reivindicaciones de la cultura libre se articulan de manera coherente y necesaria con los principios feministas, y que es deseable que esa articulación conceptual se siga concretando en alianzas políticas. Que no haya ni un solo militante de la cultura libre desconociendo o renegando del feminismo, y ni una sola mujer levantando las banderas de la propiedad intelectual. La lucha contra el patriarcado y la lucha contra una de sus instituciones más recalcitrantes, la propiedad intelectual, son la misma lucha.